Gonzalo Cornejo
Abogado especialista en Derecho Migratorio · Director de TC ABOGADOS
Chile enfrenta una discusión que probablemente marcará los próximos años de su política migratoria: qué hacer con las personas extranjeras que permanecen irregularmente en el país, pero que en muchos casos llevan años insertas en nuestra sociedad.
La última estimación conjunta del INE y el Servicio Nacional de Migraciones calculó 1.918.583 extranjeros residentes en Chile al cierre de 2023. De ellos, 336.984 se encontrarían en situación irregular, equivalentes al 17,6% del total estimado.
La dimensión del fenómeno obliga a superar las respuestas simples.
La Irregularidad No Es Una Sola Realidad
Una política pública eficaz debe comenzar distinguiendo situaciones diferentes.
No puede recibir el mismo tratamiento quien pertenece a una organización criminal, falsifica documentos o delinque, que una persona que lleva años trabajando, tiene familia establecida, domicilio conocido, empleador identificable y carece de antecedentes penales.
El Estado necesita herramientas diferentes para realidades diferentes.
El Plan de Abandono Voluntario impulsado por el Gobierno ofrece una respuesta para quienes pueden o deben salir del país bajo las condiciones establecidas por la autoridad.
Pero permanece abierta otra discusión: qué hacer con quienes tienen arraigo efectivo y ya participan de nuestra sociedad y economía.
Regularización No Significa Ausencia De Requisitos
Una eventual regularización excepcional debería establecer condiciones exigentes y objetivamente verificables.
Entre ellas podrían considerarse una fecha de corte claramente determinada; acreditación plena de identidad; registro biométrico; antecedentes penales nacionales e internacionales; domicilio actualizado; y acreditación efectiva de arraigo familiar o laboral.
La comisión de determinados delitos, la falsificación documental o el intento de defraudar el procedimiento deberían excluir al solicitante.
El principio debe ser sencillo: integrar a quien cumple y concentrar la capacidad del Estado en quien constituye una amenaza.
Seguridad: Saber Quién Está En Chile
El Empadronamiento Biométrico demostró el valor de mejorar la información disponible. Junto con otras nuevas fuentes administrativas, permitió incorporar a la estimación de 2023 a más de 200 mil personas que las metodologías anteriores no captaban adecuadamente.
Esta experiencia contiene una lección importante para la política de seguridad.
Identificar a una persona significa disponer de antecedentes que permiten conocer quién es, verificar su identidad y aumentar su trazabilidad.
Frente al crimen organizado transnacional, esa información importa.
Chile necesita mejores fronteras, inteligencia policial y financiera, cooperación internacional y capacidad efectiva para investigar y sancionar. Pero necesita también reducir los espacios de invisibilidad administrativa.
Para combatir mejor al crimen organizado necesitamos saber quién es quién en Chile.
El Desafío De La Informalidad Laboral
Existe además una dimensión económica.
Durante abril-junio de 2026, la población extranjera presentó una tasa de participación laboral de 79,4%, demostrando su fuerte incorporación al mercado del trabajo.
El problema está en la calidad de esa inserción: la informalidad laboral extranjera alcanzó 30,2%, frente a 27% para el conjunto del país.
Esto muestra por qué la política migratoria no puede diseñarse separadamente de la política laboral.
Un trabajador formal tiene mayor trazabilidad, contratos verificables, cotizaciones y un empleador identificable. La regularización de quienes cumplen determinadas condiciones puede contribuir a trasladar relaciones laborales desde la informalidad hacia la economía formal.
Las empresas también deben asumir esta realidad. En organizaciones con trabajadores extranjeros, el cumplimiento migratorio debería integrarse a la gestión habitual de recursos humanos: vigencia de residencias y permisos, contratos, anexos, cotizaciones y actualización documental.
Una Política Que Distinga
Chile no necesita escoger entre seguridad e integración.
Necesita ambas.
Fronteras seguras y mayor capacidad para impedir ingresos clandestinos; persecución prioritaria del crimen organizado; abandono voluntario y expulsiones cuando jurídicamente correspondan; pero también procedimientos capaces de evaluar individualmente a quienes llevan años establecidos, cumplen la ley y aportan al país.
Mantener indefinidamente a cientos de miles de personas en una zona de irregularidad administrativa tampoco constituye una política.
Regularizar a quien cumple no significa regalar una residencia. Significa identificar, exigir, formalizar e integrar.
Y una política migratoria que logra distinguir al trabajador que aporta de quien utiliza la irregularidad para delinquir no solamente es más justa.
También puede hacer de Chile un país más seguro.
Fuentes de referencia: INE; Servicio Nacional de Migraciones; Ministerio Público/Fiscalía de Chile.
