Gonzalo Cornejo, abogado (LL.M.) | Director de TCABOGADOS
En poco más de seis meses, el Gobierno ha impulsado una política migratoria que busca, en palabras de sus autoridades, “ordenar la casa”. Corresponde reconocer los esfuerzos del Servicio Nacional de Migraciones, dirigido por Frank Sauerbaum, y examinar tanto sus avances como los desafíos que permanecen.
Un primer resultado destacado por las autoridades es la disminución cercana al 93% de las denuncias directamente en frontera por ingresos irregulares a través de pasos no habilitados, en la comparación oficial difundida para enero-agosto de 2026. Se trata de un indicador significativo del control fronterizo, aunque no mide por sí solo todos los ingresos irregulares.
El segundo avance es la ejecución de expulsiones administrativas y judiciales. Una política migratoria seria no puede limitarse a dictar órdenes que después no se cumplen. Cuando una expulsión ha sido decretada legalmente, con respeto del debido proceso y las garantías constitucionales, el Estado debe contar con medios para materializarla.
Este esfuerzo también tiene un costo. Según las cifras presupuestarias difundidas, los $4.000 millones destinados a expulsiones para 2026 se habrían agotado en agosto, lo que motivó recursos complementarios cercanos a $1.700 millones. Con un gasto anual del orden de $5.700 millones y una proyección aproximada de 2.500 expulsiones, el costo presupuestario promedio sería de unos $2,3 millones por persona.
Esos números revelan el límite práctico de una estrategia exclusivamente basada en expulsiones. Frente a una población irregular estimada, a grandes rasgos, en unas 300.000 personas, no es realista pensar que el problema pueda resolverse expulsándolas a todas. Cada caso exige un procedimiento individual y existen obstáculos económicos, logísticos y diplomáticos evidentes.
Por eso adquiere especial importancia el Plan de Abandono Voluntario anunciado por el Gobierno. Su propuesta ofrece incentivos para que personas en situación irregular puedan salir del país de manera ordenada, con beneficios anunciados relativos a multas y restricciones de reingreso, sujetos al contenido definitivo de la futura ley.
Pero la propuesta oficial contiene un elemento todavía más relevante: el Servicio Nacional de Migraciones ha informado que quienes acrediten determinados vínculos familiares —con hijos, cónyuges, convivientes civiles, padres o madres chilenos, o con residentes definitivos—, o cuenten con un contrato de trabajo vigente, podrán presentar una solicitud previa de residencia temporal. Según la explicación publicada por el propio Servicio, esa solicitud se activaría al salir de Chile.
Este mecanismo permitiría distinguir entre quienes desean regresar a sus países y quienes, teniendo arraigo real en Chile, buscan construir una situación migratoria regular. No constituye una regularización indiscriminada: su aplicación dependerá de los requisitos y controles que establezca la ley.
Existe, sin embargo, una condición decisiva para su éxito: la salida y el posterior reingreso de quienes acrediten arraigo laboral deben ser lo más expeditos posible. Una ausencia prolongada puede interrumpir procesos productivos, afectar servicios, elevar costos y comprometer la continuidad operacional de pymes y otras empresas que hoy cuentan con estos trabajadores.
Por ello, propongo que la futura ley habilite una evaluación anticipada de la solicitud de residencia y, cuando se cumplan las exigencias legales, permita dejar preparada la autorización correspondiente para el retorno regular antes de que la persona abandone Chile. La coordinación entre Migraciones, la PDI y los consulados será indispensable. La salida no debe convertirse en una espera indefinida en el extranjero.
El beneficio de una regularización jurídicamente controlada también es económico. El trabajo formal favorece las cotizaciones previsionales, el cumplimiento tributario, la protección laboral y la certeza para empleadores y trabajadores. Una residencia regular facilita, además, el acceso a servicios financieros sujetos a evaluación, el emprendimiento y la inversión.
La urgencia tiene un calendario concreto. El Ejecutivo ha anunciado una ley habilitante para poner en marcha el plan. Si su tramitación comienza oportunamente, sería deseable que las postulaciones pudieran abrirse antes de las fiestas de Navidad y de las vacaciones de verano. Ese objetivo requiere rapidez legislativa, pero también reglas claras y capacidad administrativa suficiente.
Ordenar la casa no significa únicamente reforzar fronteras y ejecutar expulsiones legalmente procedentes. Significa también resolver con sentido práctico la situación de quienes ya viven aquí y tienen vínculos familiares o laborales comprobables.
La verdadera solución migratoria no consiste en expulsar a todos ni en regularizar a todos. Consiste en ofrecer a cada persona una respuesta clara, justa y jurídicamente fundada, protegiendo al mismo tiempo el funcionamiento de las empresas y el interés general de Chile.
Gonzalo Cornejo, abogado (LL.M.)
Director de TCABOGADOS
Nota editorial: las condiciones del plan están sujetas al texto legal definitivo. La referencia al arraigo se basa en la publicación oficial de Instagram del Servicio Nacional de Migraciones compartida para esta columna.
