Por Braulio Jatar
La violencia verbal y los ataques por redes sociales y otros medios contra personas o grupos
vulnerables, como los inmigrantes, son una preocupación importante en muchos países,
incluyendo Chile. En este sentido, es común que se plantee la necesidad de adoptar medidas para
prevenir y sancionar la violencia verbal y el discurso de odio en todas sus formas.
Es posible encontrar diversas posturas en relación con la necesidad o no de adoptar leyes
específicas para prevenir y sancionar la violencia verbal y el discurso de odio.
Mientras algunos consideran que estas leyes son necesarias para fortalecer la protección contra la
discriminación y la violencia, otros argumentan que pueden limitar la libertad de expresión y ser
contraproducentes para la prevención y sanción de estas conductas.
El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la obligación de
los Estados Parte de prohibir la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio nacional,
racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, pero
no establece una obligación expresa de criminalización de estas conductas.
Sobre este asunto, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
señala que la protección contra el discurso de odio no implica necesariamente la criminalización
de dicho discurso.
En la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte señaló que la protección contra esta conducta debe
ser compatible con la libertad de expresión, y que su criminalización solo debe ser considerada
como una medida extrema en casos graves y excepcionales.
En todo caso, es importante destacar que los Estados tienen la obligación de prevenir y sancionar
la discriminación, y la violencia en todas sus formas, incluyendo la violencia verbal y los ataques
por redes sociales. Es posible que se requieran medidas específicas, como campañas de
concientización, programas de formación para la ciudadanía y medidas punitivas, para abordar
este problema de manera efectiva.
Sin embargo, cualquier medida que se adopte para prevenir y sancionar la violencia verbal y el
discurso de odio debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo
la libertad de expresión
