Por Magly Magliacane
Chile está viviendo un momento delicado. Hay cansancio social, preocupación real por la seguridad y una sensación extendida de que el Estado llega tarde a demasiadas cosas. En ese clima, es natural que aparezcan proyectos de ley que buscan “ordenar” y “poner límites”, especialmente cuando la conversación pública se cruza con el aumento de la migración irregular y con la idea, muy instalada, de que el sistema no distingue bien entre quien cumple y quien no.
En ese contexto se presentan iniciativas que apuntan a restringir el acceso de personas en situación migratoria irregular a beneficios de cargo fiscal y, además, a fijar prioridades en salud y educación en favor de nacionales. El texto aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado propone, entre otros puntos, lo siguiente:
- Incorporar un artículo 17 bis para “priorizar la distribución” de atenciones médicas y la cobertura educativa para nacionales frente a extranjeros irregulares;
- Exigir cédula de identidad vigente para postular y acceder a beneficios de cargo fiscal;
- Exigir además residencia definitiva si se trata de aportes económicos directos o subsidios de vivienda o arriendo;
- Impedir otorgar números identificatorios a quienes ingresaron por pasos no habilitados; y requerir cédula vigente para la inscripción en el Registro Social de Hogares.
El informe que acompaña la idea legislativa sostiene que la población extranjera en situación irregular habría crecido con fuerza en los últimos años y plantea, como objetivo central, desincentivar el ingreso por pasos no habilitados elevando las exigencias para acceder a prestaciones estatales y al Registro Social de Hogares.
Hasta aquí, es importante decirlo con claridad: detrás de estos proyectos hay una preocupación comprensible. Un país necesita reglas, necesita capacidad de controlar su territorio, y necesita mecanismos que den certezas a su población. La pregunta, sin embargo, no es si Chile debe ordenar. La pregunta es cómo lo hace sin romper algo esencial: la dignidad humana, la cohesión social y, especialmente, la protección efectiva de niñas, niños y familias que ya están viviendo aquí.
Porque cuando una ley se construye desde la idea del castigo como disuasión, “si no accede a beneficios, no vendrá”, corre el riesgo de ignorar la raíz del fenómeno. Quien migra de manera desesperada no siempre está comparando políticas públicas; muchas veces está escapando de algo. Y cuando esa persona ya está en Chile, convertirla en invisible no la hace desaparecer. Solo la empuja a los márgenes.
Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de condicionar el acceso a beneficios de cargo fiscal a la cédula de identidad vigente, y agregar requisitos aún mayores para subsidios económicos o habitacionales. En la teoría, suena ordenado: “primero regularidad, luego beneficios”. En la práctica, puede generar un cuello de botella serio. Hay personas que están intentando regularizarse, que se enrolaron, que están en trámites, que trabajan y aportan, pero que viven periodos prolongados sin documento definitivo por tiempos administrativos. Si se les corta el acceso a redes básicas justo en ese tramo, el Estado no está premiando el cumplimiento; está castigando el intento.
Otro punto complejo es la prohibición absoluta de otorgar números identificatorios, temporales o permanentes, a quienes hayan ingresado por pasos no habilitados. Esa norma, a primera vista, busca cerrar una puerta. Pero también puede cerrar una herramienta de gestión pública. Porque, nos guste o no, la identificación es una condición para la trazabilidad, para saber quién está, dónde está, en qué situación está, y cómo se interviene. Un país más seguro no es el que tiene menos papeles, sino el que tiene más información confiable y mejor coordinación institucional.
El informe menciona, además, que hoy la condición irregular no impediría obtener distintos beneficios, describiendo accesos en salud y educación a través de mecanismos de identificación provisorios. Es un punto que debe discutirse con honestidad, porque toca dos fibras del Chile profundo: la sensación de injusticia (“yo pago, yo espero, y otro entra”) y la necesidad ética y sanitaria de no abandonar a nadie cuando se trata de urgencias, niños o condiciones de vulnerabilidad. En un país que quiere orden, la respuesta no debiera ser “cerrar” a ciegas, sino diseñar un sistema más fino: que proteja lo esencial y, al mismo tiempo, no incentive la informalidad.
Hay algo que a veces se pierde en este debate: los beneficios sociales no existen solo como transferencias; existen como política pública preventiva. Una persona que queda fuera de salud primaria no deja de enfermarse. Una familia que queda fuera de redes mínimas no deja de vivir en un territorio. Un niño que queda sin escuela no “se va”: crece sin integración, sin idioma, sin pertenencia, y eso suele costarle más caro a la sociedad en el futuro. Es duro decirlo, pero es verdad: la exclusión no es neutra. Siempre se devuelve, de alguna forma.
Entonces, ¿cómo se puede abordar la preocupación legítima por el orden migratorio sin caer en medidas que terminen empeorando la convivencia?
Una alternativa sensata es separar con mucha firmeza tres dimensiones que suelen mezclarse: seguridad, irregularidad administrativa e integración social.
- La persecución del crimen organizado y la violencia debe ser implacable, con cooperación internacional, inteligencia y controles efectivos.
- La irregularidad administrativa, en cambio, requiere herramientas distintas: identificación, registro, rutas de regularización realistas para casos con arraigo y empleo, y criterios claros para quien insiste en incumplir.
- La integración social, por último, no es “buenismo”: es una estrategia país para evitar guetos, informalidad estructural y explotación laboral.
Otra vía posible, de corto plazo, es fortalecer una regularización enfocada en el trabajo formal y el arraigo, especialmente cuando hay ausencia de antecedentes penales, vínculo laboral demostrable y familia asentada. Si Chile quiere que las empresas cumplan, necesita también dar caminos viables para que la relación laboral migre desde la sombra hacia la formalidad. Lo contrario es empujar a empleadores y trabajadores a un limbo donde todos pierden: el Estado pierde trazabilidad, la empresa asume riesgos y el trabajador queda expuesto.
También es clave poner el foco donde realmente se juega el abuso: el mercado informal de trabajo y la intermediación inescrupulosa. Si una política termina haciendo más difícil “existir” para quien está irregular, lo que crece no es el orden: crece la explotación. Y ese es un daño silencioso que después se traduce en conflictividad social.
Como estudio jurídico, en TC Abogados creemos que Chile necesita reglas claras y exigibles, pero también necesita estrategias inteligentes, que no transformen a las personas en un problema a ocultar, sino en una realidad a gestionar. Regularizar no es “premiar”: es ordenar. Identificar no es “ceder”: es controlar con evidencia. Integrar no es “regalar”: es construir seguridad social y estabilidad laboral.
El debate legislativo que viene será intenso. Ojalá, por el bien del país, se dé con altura, sin caricaturas y sin convertir a la migración en una pelea de trincheras. Porque mientras discutimos, hay empresas que necesitan operar cumpliendo, y hay familias que solo quieren vivir sin miedo.
Si tu empresa hoy emplea talento extranjero —o quiere hacerlo bien—, conversemos. Una estrategia correcta, a tiempo, suele ser la diferencia entre crecer con estabilidad o vivir apagando incendios.
