Gonzalo Cornejo
Abogado especialista en Derecho Migratorio · Director de TCABOGADOS
Chile tiene una población extranjera irregular estimada oficialmente en 336.984 personas.
Ya están en nuestro territorio.
Por eso la discusión no puede limitarse a decidir cómo evitar nuevos ingresos clandestinos. Tenemos que responder otra pregunta mucho más compleja:
¿Qué hacemos con quienes ya están aquí?
Creo que la respuesta debe comenzar distinguiendo.
No es lo mismo una persona vinculada al crimen organizado que alguien que lleva años trabajando en Chile, tiene domicilio conocido, empleador identificable, familia y carece de antecedentes penales.
Por eso una eventual regularización debería ser excepcional y exigente:
• Identidad plenamente acreditada.
• Registro biométrico.
• Antecedentes nacionales e internacionales.
• Domicilio actualizado.
• Arraigo laboral o familiar comprobable.
• Exclusión de quienes hayan cometido delitos incompatibles con su permanencia.
Esto no debilita necesariamente la seguridad. Puede fortalecerla.
Un país es más seguro cuando sabe quiénes están dentro de su territorio, dónde viven, dónde trabajan y cuáles son sus antecedentes.
Además, existe un problema laboral. En abril-junio de 2026 la participación laboral de la población extranjera alcanzó 79,4%, pero su informalidad llegó a 30,2%.
Regularidad migratoria y formalidad laboral deben comenzar a conversar.
Chile necesita simultáneamente fronteras seguras, persecución efectiva del crimen organizado, expulsiones cuando correspondan y capacidad para integrar bajo reglas estrictas a quienes ya cumplen.
No veo contradicción entre ambas cosas.
Al contrario.
Para saber a quién perseguir, primero tenemos que saber quién es quién en Chile.
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Fuentes de referencia: INE; Servicio Nacional de Migraciones; Ministerio Público/Fiscalía de Chile.
