La migración se ha transformado en uno de los temas más sensibles del debate público en Chile. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento significativo en los flujos migratorios, lo que ha generado preocupaciones legítimas en materia de orden migratorio, control fronterizo y seguridad.
En este contexto, el gobierno del presidente Kast ha planteado una agenda que pone especial énfasis en el fortalecimiento de las medidas de control migratorio, incluyendo una aplicación más estricta de los procedimientos de expulsión para personas que se encuentren en situación irregular.
Desde una perspectiva institucional, estas medidas responden a una demanda presente en una parte importante de la ciudadanía: recuperar el orden migratorio y garantizar que las normas se cumplan. Todo Estado tiene el derecho y la responsabilidad de regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras dentro de su territorio.
Sin embargo, cuando el debate se centra exclusivamente en las medidas de expulsión, existe el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja.
Chile no enfrenta solo un fenómeno migratorio; enfrenta también una transformación profunda de su mercado laboral.
En distintos sectores de la economía —gastronomía, comercio, logística, construcción, servicios y agroindustria— los trabajadores extranjeros se han integrado progresivamente a las dinámicas productivas. Muchos de ellos ocupan puestos que requieren alta disponibilidad laboral, adaptabilidad y continuidad en contextos de alta rotación.
Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, estos trabajadores se han convertido en una pieza clave para mantener la operación diaria.
Esta realidad suele quedar fuera del debate político.
Cuando se habla de expulsión como herramienta central de la política migratoria, pocas veces se considera que una parte importante de las personas que hoy se encuentran en situación migratoria irregular ya participan activamente del sistema productivo.
No se trata de justificar el incumplimiento de la normativa migratoria. El orden jurídico es esencial para cualquier sociedad. Pero tampoco es posible ignorar que la irregularidad migratoria en muchos casos no surge únicamente de ingresos clandestinos o conductas deliberadas de evasión.
En la práctica, una proporción relevante de situaciones de irregularidad se origina en procesos administrativos inconclusos, vencimientos de permisos, cambios en la normativa o dificultades para completar trámites migratorios que pueden extenderse por largos periodos.
Desde la perspectiva de los empleadores, esta realidad genera una zona de incertidumbre.
Muchas empresas contratan trabajadores extranjeros cuando su situación migratoria está en regla. Sin embargo, con el paso del tiempo pueden producirse vencimientos de permisos o retrasos en procesos de regularización que terminan afectando tanto al trabajador como a la empresa.
Frente a este escenario, una política migratoria centrada exclusivamente en la expulsión puede generar efectos colaterales que merecen ser considerados.
Por un lado, puede producirse una mayor precarización laboral si trabajadores que temen sanciones o expulsiones evitan regularizar su situación o se alejan del empleo formal. Por otro lado, ciertos sectores productivos podrían enfrentar dificultades adicionales para mantener su fuerza laboral en contextos de alta rotación.
Por esta razón, el debate sobre migración requiere una mirada más amplia que combine control migratorio efectivo con mecanismos que permitan ordenar la migración laboral ya existente.
Una política migratoria moderna no solo debe considerar el control de fronteras y la aplicación de sanciones. También debe abordar la realidad de las personas que ya se encuentran integradas social y laboralmente en el país.
En distintos países se han desarrollado modelos que combinan medidas de control con procesos de regularización condicionada para personas que cumplen determinados requisitos, como ausencia de antecedentes penales, arraigo laboral o vínculos familiares.
Este tipo de enfoques permite reducir los espacios de informalidad y fortalecer el cumplimiento normativo desde una lógica más realista.
Al mismo tiempo, las empresas también tienen un rol relevante que asumir. La contratación de trabajadores extranjeros exige una gestión responsable de la documentación migratoria, seguimiento de permisos de residencia y cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa vigente.
En ese sentido, la gestión migratoria comienza a consolidarse como parte del sistema de cumplimiento empresarial, al igual que ocurre con otras áreas regulatorias.
Más allá de las posiciones políticas que puedan existir, Chile enfrenta hoy el desafío de construir una política migratoria que dialogue con la realidad del país.
La migración laboral no es un fenómeno pasajero ni marginal. Forma parte de la transformación económica y social que ha experimentado Chile en las últimas décadas.
Por eso, más que centrarse únicamente en la expulsión como herramienta de control, el debate migratorio podría enriquecerse incorporando la experiencia de quienes conviven diariamente con esta realidad: las empresas que generan empleo y los trabajadores extranjeros que participan activamente en la vida productiva del país.
Escuchar esas voces puede ayudar a construir políticas migratorias más equilibradas, que combinen orden institucional con comprensión de la realidad económica y social.
En definitiva, el desafío no consiste solo en controlar la migración, sino en aprender a gestionarla de manera responsable, humana y coherente con la realidad del país.
