Hay discusiones que, por repetir consignas, se vacían de realidad. La migración es una de ellas. Mientras el debate salta entre la frontera y la compasión, miles de personas llevan años trabajando con contrato, pagando cotizaciones e impuestos, y aun así viven bajo una nube de incertidumbre administrativa. No son una abstracción: son cajeras, operarios de bodega, cocineros, cuidadores, técnicos. Chile ya convive con ellos en la fila del pan y en la caja del supermercado. Ignorarlo es mala política; integrarlo con reglas claras, buena gestión.
El punto de partida es simple y exigente a la vez: a quien cumple, la ley debe alcanzarle. No se trata de una amnistía sin condiciones, sino de reconocer que existe un segmento de migrantes que ya está inserto formalmente, con empleadores identificables y huella en los sistemas. A ese grupo –acotado y verificable– se le puede ofrecer una vía de regularización laboral por contrato, con fecha de corte, requisitos estrictos y control real hacia adelante. El resto, especialmente quienes cometen delitos o falsean documentos, debe enfrentar el rigor del sistema, incluida la expulsión prioritaria. Separar bien las aguas no es blandura; es Estado.
La regularización de quienes ya trabajan formalmente tiene efectos prácticos. Gana la economía, porque la estabilidad contractual reduce la rotación, mejora la productividad y devuelve horas que hoy se pierden en trámites y reemplazos. Ganan las empresas que compiten en regla, porque disminuye la competencia desleal de quienes operan en la sombra. Gana la seguridad pública: regular es también trazar, saber quién es quién, dónde vive, quién lo emplea y si paga cotizaciones. Y gana, aunque se hable poco, la demografía: un país que envejece no puede darse el lujo de despreciar contribuyentes formales.
Quienes reducen la conversación a “expulsar a todos” saben, o deberían saber, que esa fórmula no resuelve el problema. No por falta de voluntad, sino por razones jurídicas, logísticas y presupuestarias que harían naufragar cualquier intento masivo. La consigna suena fuerte en redes sociales, pero no pasa la prueba del escritorio ni del terreno. La respuesta eficaz es dual: firmeza verdadera en la frontera y contra el delito; integración regulada, con trazabilidad y exigencias, para los trabajadores que ya están cumpliendo.
Por eso, hablar de regularización responsable exige reglas que no dejen dudas. Fecha de corte nítida. Contrato vigente y cotizaciones pagadas, verificables en línea. Antecedentes limpios. Registro biométrico y domicilio actualizado. Tasas al día y plazos estrictos. Quien intente hacer trampa, queda fuera. Quien reincida en ingreso clandestino, también. El mensaje es claro: se integra a quienes aportan y respetan la ley; se sanciona a quienes la burlan. Ese equilibrio, incómodo para los extremos, es el único que ordena de verdad.
El Estado, por su parte, debe dejar de dispersar energía persiguiendo al trabajador formal y concentrarse en lo que sí amenaza a la comunidad: las redes que trafican personas, falsifican documentos o explotan la necesidad con empleos basura. La fiscalización inteligente no es más operativos, sino mejores: menos espectáculo y más evidencia, menos papelería irrelevante y más foco en delitos, trata y fraude. En paralelo, una frontera con tecnología, cooperación y controles eficaces, sin triunfalismos, pero sin ingenuidad.
A las empresas les cabe una responsabilidad concreta. Muchas ya lo hacen: contratos al día, inducciones, seguridad laboral, trato digno. Otras deberán modernizar su cadena de suministro: no basta con el propio cumplimiento si los subcontratistas tercerizan la irregularidad. Compliance migratorio no es una moda importada, es un seguro básico para no detener operaciones por un hallazgo evitable. Cláusulas claras, auditorías periódicas y métricas que digan algo. Si una compañía puede seguir en tiempo real sus ventas, puede también seguir el estado documental de su gente.
Hay, además, una oportunidad técnica que Chile no debiera desperdiciar: la interoperabilidad entre Migraciones, Dirección del Trabajo y Tesorería. Si el permiso por contrato se apoya en verificación de cotizaciones en línea, desaparece buena parte de la discrecionalidad y se acorta el tiempo de respuesta. Los procesos rinden cuando los datos conversan. Un sistema que distingue rápido al que cumple del que no, libera manos para perseguir al que sí hay que perseguir.
La política pública, si quiere recuperar credibilidad, debe medirse en cosas simples y visibles: cuántas solicitudes se resuelven en plazo, cuánto cae la contratación irregular en las empresas fiscalizadas, cuánto suben las cotizaciones declaradas, cuánto baja el tiempo promedio de tramitación. Sin indicadores no hay gobierno, solo relato. Y el tema migratorio ya tuvo demasiado de eso.
Regularizar no es regalar. Es ordenar y exigir. Es sacar del limbo a quienes ya están poniendo el hombro para que el Estado pueda verlos, controlarlos y, si corresponde, sancionarlos cuando se aparten de la regla. Es darle a la empresa un camino cierto para no tropezar en su propia operación. Es, en fin, pasar de la consigna a la gestión. Entre la ingenuidad y el grito, hay una tercera vía: la seriedad.
En ese trayecto, la asesoría técnica importa. Acompañar a las compañías en el diseño de cláusulas, auditorías y protocolos; orientar a los equipos de recursos humanos; capacitar a mandos medios y ordenar la documentación que tantas veces se posterga. No se trata de prometer milagros, sino de trabajar con método. Quien cumple, merece una puerta abierta; quien no, una puerta de salida. La diferencia está en cómo se implementa. Y ahí es donde vale la pena tener especialistas al lado.
