Nuestra oficina TC ABOGADOS ha concretado una alianza con la consultora “BAME COMPLIANCE”, integrada por destacados profesionales Prefectos (r) de la PDI con una amplia experiencia en materia de investigación de delitos; y hemos conformado un área especializada en Modelos de Prevención del Delito y Compliance, los que buscan contribuir al fortalecimiento de la estructura organizacional de las personas jurídicas del país, tanto públicas como privadas, con el propósito de adaptarlas a las nuevas exigencias establecidas por la legislación vigente en materia penal, generando una cultura de integridad y gestión de riesgos más allá del solo cumplimiento normativo.
¿Para qué necesito un Modelo Preventivo de Delitos?
La necesidad de contar con un Modelo Preventivo de Delitos (MPD) surge tras la promulgación de la Ley N°20.393 que establece y sanciona la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, así como sus modificaciones posteriores, incluyendo las introducidas el año 2023 por la Ley N°21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.
Las consecuencias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueden ser catastróficas para la organización pues incluye sanciones como millonarias multas, inhabilitación para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos; comiso de bienes, y hasta la extinción de la empresa.
Por tal razón, nuestro Modelo Preventivo de Delitos (MPD) tiene como principal objetivo resguardar a nuestros clientes mediante la prevención o detección temprana de conductas indeseadas, y la comisión de cualquier delito que se valga de la empresa, resguardando así los intereses de esta, junto con asegurar su funcionamiento de manera regular y apegada a nuestro ordenamiento jurídico.
La ley dispone que un MPD adecuado y efectivamente implementado por la persona jurídica es capaz de eximirla de responsabilidad penal. Por el contrario, la carencia de este o su mala implementación constituyen conductas que agravan las sanciones que procedieran ante un delito.
Nuestros Servicios
Ofrecemos desarrollar e implementar un MPD que dotará a su empresa de una estructura organizacional compuesta por políticas, procedimientos, herramientas, y responsabilidades, entre otros, que permitirán adoptar las medidas necesarias para la prevención de los delitos que establece la normativa chilena, así como también la detección proactiva y anticipada de la ocurrencia de ilícitos que puedan dañarla.
Diagnóstico
Detectamos y priorizamos los riesgos de cada uno de los delitos contemplados en la Ley N ° 20.393.
Intervención Desarrollo y entrega
Asesoramiento en la implementación del Canal de Denuncia. Capacitando a los colaboradores en relación con la implementación del Manual de Prevención de Delitos.
Acompañamiento
Implementamos mejoras permanentes en el ámbito corporativo y normativo. Capacitando permanente a los colaboradores.
Raúl Urrutia Ávila
Abogado y profesor universitario de Derecho Público. Ex Presidente del Consejo para la Transparencia y Director de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparency International.
Vladimir Mondaca Díaz
Abogado Máster en Derecho de la Universidad de Valparaíso. Director Jurídico de diversos organismos públicos y Juez de Policía Local de la Municipalidad de Providencia.
Patricio Bascuñán Acevedo
Prefecto (r) de la PDI con más de 30 años de servicio, Magister en Riesgo Corporativo y Lavado de Activos, experto en prevención de fraudes y lavado de activos, investigación criminalística, delitos económicos y crimen organizado. Docente en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI y del post grado de investigación penal de la Universidad Central.
Ramón Mesías Cancino
Ingeniero Informático y Prefecto (r) de la PDI con 30 años de servicio, especializado en inteligencia e investigación policial, crimen organizado, delitos de alta complejidad, análisis forense, docente de la Academia Nacional de Estudios Policiales y Estratégicos (ANEPE).
Asesoramos en la implementación de la Ley Karin
La denominada Ley Karin, que entra en vigencia en agosto de 2024, modifica el Código del Trabajo para combatir el acoso laboral y la violencia en el trabajo, alineando a Chile con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La normativa establece protocolos obligatorios, evaluación de riesgos y sanciones para conductas de acoso, con el objetivo de transformar la cultura organizacional y favorecer entornos laborales seguros.
La llamada Ley Karin que establece un marco claro para el tratamiento del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, incluye:
La obligación para todas las empresas de implementar un protocolo de prevención.
Directrices específicas para la evaluación de riesgos psicosociales, formación y educación continua.
Medidas concretas para la protección de la privacidad y la honra de los involucrados en las investigaciones.
Sanciones claras para los comportamientos que constituyan acoso o violencia.
Claudia Nogueira Fernández
Es abogada socia de TC ABOGADOS, ex diputada de la República. Master en igualdad de género en la Universidad de Castilla La Mancha, España. Posee estudios de profundización en la facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibañez en materia de incorporación de la perspectiva de género y conciliación de la vida laboral, personal y familiar en las organizaciones.
Presidenta de la fundación Genera Mujer Chile. Profesora de Magister de Gobierno y Políticas Públicas en Universidad del Alba. Certificada BOW (Board of Women) programa alta Dirección. Charlista internacional sobre Liderazgo con perspectiva de género en Perú, Honduras y República Dominicana.